En la década de los 80`s, la situación de violencia en Colombia, se recrudece. El índice de homicidios es de los más elevados del mundo, más del 15% de ellos, se realizan por motivaciones políticas.
Entre 1986 y 1993 perdieron la vida en el país más de 20.000 personas como consecuencia de la violencia política, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y grupos paramilitares. Una abrumadora mayoría eran civiles desarmados ajenos al conflicto, que fueron victimizados por vivir en zonas donde existía actividad guerrillera e intensas operaciones de contrainsurgencia, adelantadas por fuerzas combinas de militares y paramilitares[1].
Para entonces el conflicto colombiano había adquirido dimensiones alarmantes, tanto en relación con las hostilidades entre las partes, como en los efectos devastadores sobre la población civil. La impunidad campeaba como hasta hoy, por las calles que recibieron los muertos y la conciencia de miles de hombres y mujeres que aún claman por la verdad, la justicia y la reparación.
Concientes de esta situación, un grupo de profesionales del Departamento de psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, empezaron a cuestionarse y a preocuparse por la salud mental de las personas víctimas de este tipo de violencia, pues el terreno de los efectos psicosociales y en la salud mental de la violencia política, era aún un ámbito abordado de manera superficial y prevenida.
“Eran tiempos aciagos de finales de la década los 80, éramos dueños de nuestro saber y queríamos hacer algo que tuviera sentido frente al sinsentido de la realidad. Fue entonces cuando movidos por las circunstancias decidimos ir más allá de la cotidianidad de nuestro quehacer y emprendimos el camino; no sabíamos muchas cosas aunque creíamos que podríamos enseñar mucho, en realidad sólo contábamos con el corazón y lo pusimos en ese incierto camino que nos mostraban nuestros pacientes; lo único concreto era que el camino tenía corazón, un corazón disfrazado de ciencia” [2]
Así, en 1990 este grupo inició acciones dirigidas a implementar un programa de salud mental para víctimas de violencia socio-política y en 1992 se constituye en una Organización No Gubernamental llamada Corporación AVRE – Apoyo a Víctima de Violencia Socio Política Pro – Recuperación Emocional, compuesta por psiquiatras y profesionales de diversas ramas, como medicina, psicología, enfermería y ciencias sociales.
Durante el desarrollo de su trabajo definieron pautas para el acompañamiento, partiendo de la base que la recuperación emocional no depende únicamente del acceso a atención terapéutica, sino que debe incluir acciones dirigidas a la recuperación del tejido social, la superación de la impunidad, la comprensión del contexto y la identificación y utilización de los recursos existentes en las propias personas y comunidades.
