Introducción
“…espero que se haga justicia, que se de con los responsables de los hechos, que me entreguen los restos para poder sepultarlo, y que se limpie su nombre…” (Testimonio víctimas masacre de Mapiripán)
El artículo aborda la reflexión sobre la experiencia de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política en escenarios de exigibilidad de derechos en Colombia. ¿Qué significa acompañar psicosocialmente a las víctimas en la búsqueda de justicia, de superación de la impunidad? ¿Cuáles son los desafíos que este tipo de acompañamiento implican?. Este acompañamiento se realiza en un contexto complejo y signado por la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos y las reiteradas estrategias para mantener en la impunidad a estos crímenes, y por la inestabilidad de los escenarios. Pese a este panorama tan desolador, las acciones emprendidas por las víctimas y sus organizaciones en estos escenarios de exigibilidad han permitido identificar nuevos agenciamiento políticos en las víctimas, más allá de los simples procedimientos, que a su vez requieren de acompañamientos más interdisciplinarios. En este escenario de inestabilidad se muestra como la búsqueda de justicia es un sendero largo, y complejo, pero necesario en la recuperación integral de las víctimas. Y es en este último aspecto que mostraremos la necesaria articulación de un trabajo de acompañamiento psicosocial y jurídico.
1. Una lectura psicosocial de los escenarios de participación jurídica de las víctimas.
Solo unas pocas coordenadas para comprender el contexto de violencia política que afecta a Colombia. Es un conflicto de larga duración, más de cinco décadas, que entre muchos otros aspecto implica que se van acumulando los daños generación tras generación. Es un conflicto que ha afectado de manera directa a un gran porcentaje la población; mas de cuatro millones de personas desplazados, mas de 30000 desaparecidos , solo por mencionar algunas cifras significativas. Se han cometido infinidad de crímenes con gran sevicia y horror, masacres donde los cuerpos son despedazados, acribillados a piedra; ejecuciones extrajudiciales precedidos de torturas, violencia sexual...etc., es decir una degradación d ellas normas mínimas humanitaria, que tiene como efecto anestesiar la capacidad de asombro ante la barbarie. Además, el conflicto ha afectado de manera particular a sectores de la sociedad: organizaciones campesinas, movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, entre muchos otros. Los daños que estos crímenes han producido son complejos y difíciles de valorar en sus justas dimensiones: pueblos enteros han desaparecido, sectores sociales son aún estigmatizados, tejidos sociales rotos, culturas. Teniendo en cuenta el perfil de los grupos que han sido perseguidos selectivamente, lo que se han intentado destruir son las opciones políticas alternativas al modelo de gestión gubernamental. Destruir a los sectores en calidad de agentes políticos.
Veamos a continuación algunos aspectos empíricos relacionados con la participación de las víctimas en los escenarios jurídicos.
a. Una justicia excluyente. Dice un refrán popular que la justicia es para los de ruana, queriendo señalar que se aplica la justicia punitiva solo al pobre e iletrado. Esta representación popular muestra lo que las víctimas sienten ante la exclusión de su participación en los procedimientos. Hay un desconocimiento d ellos derechos que tiene la población. Además la justicia ha estado lejos de los sectores populares afectados por el conflicto.
b. Los procedimientos son revictimizantes. Pese a los esfuerzos en las normativas para garantizar en trato adecuado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, este no se logra por condiciones de hecho irrefutables. En primer lugar los operadores jurídicos no cuentan con herramientas adecuadas para trabajar con este tipo de víctimas. Los operadores jurídicos no cuentan con procedimientos que les permitan una atención personalizada: solo por citar un ejemplo, los defensores públicos, adscritos ala Defensorio del Pueblo, cada uno lleva en promedio entre 450 y 600 casos ¿que atención personalizada se pude lograr? Las víctimas siguen siendo objeto de los procesos legales y no sujetos activos.
c. Nuevos escenarios nuevas frustraciones. La denominada Justicia Transicional que se ha implementado por la desmovilización de grupos paramilitares, simplemente vuelve más sofisticada la exclusión de que son objeto las víctimas en estos escenarios. Solo por citar otro ejemplo. En el marco de la denominada ley de justicia y paz (uno de los tantos instrumentos jurídicos creados para esta desmovilización), existe un procedimiento denominado audiencias de versión libre, donde el paramilitar supuestamente confianza la verdad. Sin embargo, este procedimiento no ha cumplido con su propósito. En primer lugar no es una audiencia, existen todas las trabas para que las víctimas no puedan acceder a ellas; y han servido, en muchos caso para que los paramilitares justifiquen los crímenes señalando como criminales a las victimas de sus acciones. Ante esta situación los familiares y víctimas que asisten tienen pocas herramientas para contrarrestar la versión acomodada que da el paramilitar.
d. Expectativas y frustraciones. Pese a este panorama, las víctimas centran sus esperanzas en los procesos jurídicos, con demasiadas expectativas, que son susceptibles de generar muchas frustraciones. Hay, si se quiere verlo de esta manera, una mitificación de los procedimientos y los actores involucrados.
